Nota: Elaborado por el autor
4. Discusión
Los resultados obtenidos en los tres modelos econométricos (MPL, Logit y Probit)
coinciden en señalar que la falta de aporte al seguro social es el principal determinante
de ingresos bajos en Ecuador. Este hallazgo refuerza la literatura reciente sobre el
empleo informal como fenómeno estructural que limita el acceso a derechos sociales y
estabilidad económica (Espejo, 2022). La magnitud del coeficiente en el modelo Probit
(B = 2,226) sugiere que la informalidad no solo es una condición laboral, sino un factor
de exclusión distributiva, esta evidencia respalda la necesidad de políticas públicas
orientadas a la formalización progresiva del empleo, especialmente en sectores
vulnerables.
La variable “sexo”, analizada con referencia a las mujeres, presenta un coeficiente
positivo y estadísticamente significativo en todos los modelos estimados, lo que
evidencia una mayor probabilidad de pertenecer al grupo de ingresos bajos. Este
resultado se articula con el efecto de trabajar menos de 40 horas semanales, reforzando
la precariedad laboral como un eje persistente de desigualdad estructural en el mercado
de trabajo. Estudios recientes sobre Ecuador muestran que, aun controlando por
educación, experiencia laboral y características ocupacionales, persiste una brecha
salarial de género atribuible a factores no observables, vinculados a discriminación
salarial y segmentación ocupacional. En este sentido Linthon-Delgado y Méndez-Heras
(2022), confirman que una parte sustancial de la brecha en el país no se explica por el
capital humano, sugiriendo la persistencia de prejuicios de género que limitan el acceso
de las mujeres a empleos de mayor calidad y estabilidad. Tales hallazgos, reflejados en
los coeficientes elevados del modelo Probit, respaldan la necesidad de políticas públicas
orientadas a la equidad laboral, la formalización del empleo y la corresponsabilidad
social.
En variables como “alfabetización”, “zona urbana”, “empleo privado” y “ser jefe del
hogar” se presentan coeficientes negativos significativos en los tres modelos, lo que
indica su rol protector frente al rezago salarial. Este hallazgo es consistente con la tesis
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022), la cual
sostiene que en la región persisten brechas estructurales donde el entorno urbano y el
nivel de instrucción actúan como determinantes críticos de la productividad y el ingreso.
El entorno urbano facilita el acceso a servicios, redes laborales y oportunidades
educativas, mientras que el capital humano, medido por la alfabetización, funciona como
un amortiguador frente a la vulnerabilidad económica. Estos resultados refuerzan la
importancia de políticas territoriales que fortalezcan las capacidades individuales y
colectivas para reducir las desigualdades que caracterizan al mercado laboral
latinoamericano (CEPAL, 2022).
Los resultados Rubina-López et al. (2025) señalan que la digitalización y la IA
transforman con rapidez los modelos pedagógicos institucionales. Este panorama difiere
parcialmente de lo hallado por Juna-Pozo (2025), cuyo estudio demuestra que, a nivel
ciudadano, la aceptación tecnológica no es homogénea, sino que está condicionada por
el nivel educativo y factores actitudinales. Así, mientras las instituciones proyectan un
futuro digitalizado e innovador, la población mantiene una marcada incertidumbre y