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Artículo Científico
Inestabilidad laboral de los empleados en los gobiernos
autónomos descentralizados municipales en proceso de
transición.
Labor instability of employees in municipal decentralized autonomous
governments in transition process
Naranjo-Andrade, Maritza Valeria
1
; Amancha-Chiluisa, Linda de la Mercedes
2
.
1
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato; Ecuador, Ambato;
https://orcid.org/0009-0003-5320-826X; maritza.v.naranjo.a@pucesa.edu.ec
2
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato; Ecuador, Ambato;
https://orcid.org/0000-0001-5958-6905; lamancha@pucesa.edu.ec
1
Autor Correspondencia
https://doi.org/10.63618/omd/isj/v4/n3/359
Resumen: La estabilidad laboral de los trabajadores y servidores públicos en Ecuador ha
sido uno de los grandes problemas de la administración pública; la inexistencia de
acciones de protección condiciona esta situación. El objetivo de la presente investigación
fue evaluar la inestabilidad laboral de los empleados y el incumplimiento de las normativas
laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Colta. Para esto se realizó
una investigación básica, no experimental y descriptiva orientada a la revisión de
documentación relacionada con los cambios laborales ocurridos durante los primeros años
en que asumieron las nuevas autoridades cantonales. Se analizaron el número de
terminación contratos ocasionales o nombramientos provisionales y las compras de
renuncias planificadas. Los principales resultados muestran que durante los primeros
años de gestión desvincularon laboralmente un total de 77 empleados del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; no se reportan compras de
renuncias ni supresión de puestos laborales; tampoco se evidenció la realización de
concursos de méritos y oposición para cubrir los contratos ocasionales que fueron
cesados. Se concluye que existe inestabilidad laboral en los trabajadores y servidores
públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, sin que se
implementen acciones de protección a los derechos de los trabajadores.
Palabras clave: inestabilidad laboral; municipalidades; procesos de transición; servidores
públicos; trabajadores.
Abstract: The job stability of workers and public servants in Ecuador has been one of the
great problems of public administration; the non-existence of protection actions condition
this situation. The objective of this investigation was to evaluate the labor instability of
employees and the non-compliance with labor regulations in the Decentralized
Autonomous Government of the Colta Canton. For this, a basic, non-experimental and
descriptive investigation was carried out, oriented to the review of documentation related
to the labor changes that occurred during the first years in which the new cantonal
authorities took office. The number of terminations of occasional contracts or provisional
appointments and the purchases of planned resignations were analyzed. The main results
show that during the first years of management, a total of 77 employees of the Autonomous
Decentralized Municipal Government of the Colta Canton were separated, purchases of
resignations or suppression of job positions are not reported; nor was there evidence of
merit and opposition competitions to cover the occasional contracts that were terminated.
It is concluded that there is labor instability in the workers and public servants of the Colta
Canton Decentralized Autonomous Government, without implementing actions to protect
the rights of workers.
Keywords: Labor instability; municipalities; transition processes; Public servants; workers.
Cita: Naranjo-Andrade, M. V., &
Amancha-Chiluisa, Linda de la M.
(2026). Inestabilidad laboral de los
empleados en los gobiernos
autónomos descentralizados
municipales en proceso de
transición. Innova Science
Journal, 4(3), 470-
480. https://doi.org/10.63618/omd
/isj/v4/n3/359
Recibido: 25/01/2026
Aceptado: 23/06/2026
Publicado: 31/07/2026
Copyright: © 2026 por los
autores. Este artículo es un
artículo de acceso abierto
distribuido bajo los términos y
condiciones de la Licencia
Creative Commons, Atribución-
NoComercial 4.0 Internacional. (CC
BY-NC).
(https://creativecommons.org/lice
nses/by-nc/4.0/)
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1. Introducción
El derecho a la estabilidad laboral y al trabajo está consagrado como un derecho
constitucional, que establece que el Estado se encargará de protegerlos y no poner en
riesgo su integridad. Además, todas las modalidades laborales son reconocidas, ya sean
dependientes o independientes, incluyendo trabajos de autosustento y cuidado humano
para todos los empleados. En nuestro país, los funcionarios públicos tienen una
estabilidad en sus empleos y algunos de ellos tienen una más sólida debido a la
naturaleza en sí misma (Peñafiel & Asqui, 2024).
Rodríguez & Delgado (2020), por otro lado, afirman que la administración del talento
humano es un asunto primordial en Latinoamérica, poniendo énfasis en el capital
humano como un recurso valioso. No obstante, surgen una serie de dificultades que
obstaculizan la administración eficaz de este talento, entre ellas los conflictos internos
que impactan el rendimiento y las habilidades.
En Ecuador, se han llevado a cabo cambios en la administración de talento humano del
sector público en los años más recientes. La estructura del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, como entidad de gestión local, ha tratado de optimizar el
rendimiento de sus trabajadores mediante políticas de entrenamiento y valoración. Sin
embargo, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo (2023), continúan dificultades
vinculadas con la escasez de recursos, el planeamiento deficiente del progreso
institucional y la débil relación existente entre las habilidades del personal y los objetivos
institucionales.
En los Gobiernos Autónomos Descentralizados prestan sus servicios los servidores
públicos sujetos al régimen de vinculación establecido en la Ley Orgánica de Servicio
Público (LOSEP) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). En este régimen se incluyen
distintos tipos de nombramientos: de libre designación y remoción, permanentes, a
periodo fijo, nombramientos provisionales y los contratos de servicios ocasionales.
También laboran trabajadores sujetos al régimen laboral previsto en el Código de
Trabajo (CT) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2020a), las formas legales de
contratación incluyen: contratos indefinidos, eventuales y contratos especiales
emergentes amparados por el artículo 19 de Ley de Apoyo Humanitario (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2020b).
La gran mayoría de estos estatus laborales no ofrecen estabilidad laboral. Solo los
nombramientos de carrera, expedidos al servidor que ganó un concurso de
merecimientos y oposición, y el contrato indefinido del CT, generan estabilidad laboral
ya que no incluyen una fecha de terminación de la relación contractual. El resto de las
modalidades están expensas al cese o remoción en cualquier momento, dependiendo
de algunas características inherentes a cada tipo de contrato (Bósquez et al., 2022).
En este sentido se puede evidenciar que los trabajadores del sector público,
específicamente del sector administrativo, se encuentran desprotegidos al no existir
mecanismos que faciliten su estabilidad laboral (Bajaña & Fajardo, 2019). Esta situación,
además de la inestabilidad laboral que genera, se presta para prácticas fraudulentas
que nada tiene que ver con los principios de la administración pública que se basa en la
honestidad, lealtad y trasparecía tanto hacia la gestión y organización interna como
hacia el servicio a la población.
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Según Narváez (2025), “Los gobiernos de turno ponen a sus amigos en los cargos,
cambian los contratos temporales o nombramientos provisionales. El problema en la
atención de salud del seguro social, por ejemplo, es que está generando más gastos
que ingresos, a través de las derivaciones”, lamentó”.
En no pocas oportunidades, sobre todo cuando se realiza el cambio de administración
municipal en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), se procede a finalizar,
de forma unilateral contratos y nombramientos otorgados en periodos previos. Estas
acciones se llevan a cabo utilizando mecanismos jurídicos que incluyen la compra de
renuncias con indemnización, supresión de puestos y la cesación de funciones por
terminación unilateral de contratos ocasionales entre otros (Bósquez et al., 2022).
De cauerdo con la información del Ministerio de Trabajo, el Estado invirtió USD 1.789
millones en los 109.684 funcionarios públicos que tenían contratos ocasionales durante
el año 2023. Son contratos que se llevan a cabo en las 249 entidades que componen el
Presupuesto General del Estado, como los ministerios, por ejemplo. Las secretarías y
las agencias de la Función Ejecutiva, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la
Asamblea Nacional y el Consejo de la Judicatura. Los empleados de las compañías
públicas y los de los gobiernos locales no están contemplados en el Presupuesto
General del Estado. (Tapia, 2024).
A pesar de que la Ley Orgánica de los Servicios Públicos (LOSEP) estipula que los
contratos temporales formalizados en entidades estatales no deben superar el 20% del
total de empleados, es una realidad que la mayoría de las instituciones públicas
presentan un elevado porcentaje de individuos con contratos ocasionales, quienes
ostentan empleo, pero carecen de estabilidad laboral.
En este contexto, se puede ocasionar la limitación y transgresión de la estabilidad
laboral; en otros casos se genera afectación del derecho al trabajo, tanto de servidores
públicos como de trabajadores. En ciertos casos se inobservan los principios del
derecho del trabajo tales como el principio de irrenunciabilidad de los derechos,
establecido en el artículo 229 de la Constitución de la República (Constitución de la
República del Ecuador, 2008a); así como del artículo 326 numeral 2 y el principio pro-
operario entre otros (Constitución de la República del Ecuador (2008b).
La historia ecuatoriana, en materia de estabilidad laboral, tristemente incluye ejemplos
en los cuales se violan los principios que regulan el derecho laboral de los trabajadores
y servidores públicos. Aunque en algunos se ha hecho justicia, muchos han pasado
desapercibidos por varias razones, quedando inmunes ante los ojos de la ciudadanía y
consolidando el ejercicio de esta práctica inadecuada contraria a todo principio
regulatorio en materia penal, jurídica y laboral (CCE, 2016; CCE, 2018).
Es por esto, que teniendo en cuenta las violaciones que se comenten a los distintos
derechos que preconizan la estabilidad laboral de los trabajadores y servidores públicos
y la importancia que reviste para cualquier ser humano contar con estabilidad laboral;
se decide realizar esta investigación con la finalidad de evaluar la inestabilidad laboral
de los empleados y el incumplimiento de las normativas laborales en el GAD del Cantón
Colta.
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2. Materiales y Métodos
Se desarrolló una investigación básica, con enfoque cualitativo, diseño no experimental
y alcance descriptivo. El estudio se centró en el análisis de la situación laboral de los
trabajadores y servidores públicos del GAD del Cantón Colta durante el periodo 2019–
2022.
En las investigaciones con enfoque cualitativo, la sección de materiales y métodos
resulta fundamental, ya que permite describir de manera precisa el proceso mediante el
cual se construyó el conocimiento a partir de la interpretación de experiencias, discursos
y contextos reales. En este sentido, Rivera-Amancha et al. (2026) emplearon un enfoque
cualitativo con diseño no experimental, de campo y documental.
Para el desarrollo del estudio se establecieron dos variables de investigación. La
primera, denominada situación laboral, se orientó a describir las alteraciones en la
estabilidad laboral ocurridas en el GAD del Cantón Colta. La segunda, denominada tipo
de alteraciones, permitió identificar no solo la naturaleza de dichas alteraciones, sino
también describir y explicar las causas que las condicionaron. Como técnica de
investigación se empleó la revisión documental, realizada en el sitio web del GAD del
Cantón Colta, específicamente en la sección de “Transparencia”, donde se encuentra la
información relacionada con la situación laboral de los trabajadores y servidores
públicos. Debido a que esta sección es de acceso libre y público, no fue necesario
solicitar autorización para su consulta.
En los estudios cualitativos de carácter documental, la sección de materiales y métodos
permite delimitar las fuentes de análisis, justificar la selección de los documentos y
definir el procedimiento interpretativo empleado para comprender fenómenos de
naturaleza jurídica, social o institucional. En este sentido, Fabara-Verdezoto (2026)
desarrolló un estudio cualitativo basado en la revisión documental del marco legal de la
electromovilidad en Ecuador.
Como instrumentos de investigación se utilizó un modelo de recolección de información.
Este permitió organizar y homogenizar toda la información recopilada para dar respuesta
a los objetivos del estudio en base a las variables estudiadas. El procesamiento de la
información se realizó automáticamente utilizando el paquete estadístico SPSS en su
versión 23,5 para Windows. Se determinaron frecuencias absolutas y porcentajes en las
variables cuantitativas. El nivel de confianza en el 95%, el margen de error en el 5% y
la significación estadística estuvo dada por una p menor o igual de 0,05.
3. Resultados
En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, no se
visualizaron compras de renuncias obligatorias durante el periodo analizado. Este tipo
de acción administrativa tenía como finalidad desvincular a servidores públicos que ya
tenían un nombramiento permanente luego de haber ganado los concursos de
merecimientos y oposición.
Es preciso señalar que, en aquel entonces, esta institución jurídica de compras de
renuncias obligatorias con indemnización estaba vigente; lo cual permitía a los
gobiernos autónomos descentralizados cesar en funciones a los servidores públicos a
cambio de una indemnización previamente acordada con los mismos. Por esta razón no
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se requería del consentimiento del servidor público, solo era necesario justificar
procesos de restructuración u optimización que tuvieran como objetivo el mejoramiento
de la entidad. Una vez justificado el proceso se podía aplicar esta figura jurídica.
La figura jurídica de la compra de renuncias fue declarada inconstitucional por la
Sentencia No. 26-18-IN/20 y acumulados de la Corte Constitucional que declaró la
inconstitucionalidad de la frase “obligatorias” que estaba incluida en el artículo 108 del
Reglamento de la LOSEP. Estas normativas dejaron sin valor la forma jurídica de la
compra de renuncias, por lo que no pudieron ser ejecutadas a partir de la fecha de su
derogación.
Tampoco durante el periodo analizado en el GAD del cantón Colta existió supresión de
puestos laborales, la cual es otra de las modalidades que se habían descrito en la
literatura para cesar a trabajadores mediante la justificación de que su puesto laboral ya
no era necesario y que, por lo tanto, sería eliminado o cambiado por otro puesto nuevo
(Bósquez, 2022).
Otro de los elementos identificados fue el relacionado con la terminación de los contratos
ocasionales. Con la entrada de la nueva administración en el GAD del Cantón Colta se
realizó la terminación de 77 contratos de servicios ocasionales. Estas acciones se
llevaron a cabo durante el periodo mayo 2019 y diciembre 2020; por lo que quiere decir,
que en los primeros 18 meses de administración un total de 77 trabajadores perdieron
su puesto laboral y por lo menos fueron 77 familias que dejaron de percibir un ingreso
económico afectando la estabilidad económica de estas familias.
El análisis de los resultados obtenidos permite plantear que, si bien este tipo de
conductas se encuentra respaldado por la ley, es decir, se enmarcan dentro de lo
permitido; los cambios realizados no respondieron a un mejor servicio a la colectividad.
En relación a los contratos ocasionales es importante señalar que la Constitución del
Ecuador establece ¨la obligación a las demás leyes de jerarquía inferior a ella a guardar
concordancias con los preceptos que de esta emanan¨. A partir de esta afirmación se
evidencia que la constitución establece los derechos laborales como un deber social y
derecho económico. Estos preceptos legales se encuentran contemplados dentro del
régimen de desarrollo establecido en la Constitución de la República del Ecuador.
Es necesario interpretar dos aspectos epistemológicos diferentes. El primero de ellos
con los conceptos, interpretación y significado de fuerza de trabajo y mercado de trabajo.
La interpretación de estos conceptos implica cambios legislativos que se orientan hacia
una menor protección del trabajador dándoles mayor libertad a los administrativos y
patrones para manejar las relaciones laborales con los trabajadores. El otro elemento
se relaciona directamente con el término protección del trabajo; que puede ser
interpretado como la expresión de una especie de protección a los trabajadores como
elemento central del nuevo orden laboral imperante (Ediciones Legales, 2022; Tejedor-
Gómez, & Arias-Montero, 2022).
De lo anteriormente mencionado se entiende que la modalidad de contrato ocasional, al
regirse por principios de excepcionalidad, incorpora, a diferencia de las formas
contractuales anteriores, una fecha de finalización, es decir, cuentan con una fecha
definida previamente para la terminación de la actividad laboral y con ello de la
vinculación laboral entre el trabajador o servidores y la empresa que los ha contratado.
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El contrato ocasional tiene una estructura e interpretación poco flexible, ya que se debe
regir por los términos y condiciones que se establecen en la ley. No incluye la posibilidad
de nuevas modalidades de contratación ni de la aplicación del principio de causalidad
(Velaña, 2019).
Este tipo de relación contractual es considerada como un fiel ejemplo de inestabilidad
laboral, no garantiza permanencia y no incluye elementos que protejan al trabajador.
Favorece la aparición de acciones que perjudican al trabajador o servidor afectando su
estabilidad laboral; puede ser utilizado para realizar modalidades de contrato
fraudulentas o poco éticas, sin que media ningún tipo de calificación o aptitud. El
contrato ocasional frena el desarrollo laboral y profesional de las personas que son
contratadas bajo este precepto (Quinde & Vega, 2018).
Se debe considerar que, Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera
representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un
nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento por
alguna de las causales establecidas en la presente ley y su reglamento. (República del
Ecuador, 2020).
La inestabilidad laboral ha sido señalada por varios autores como una situación real que
influye en el bienestar psicológico de los trabajadores. En este sentido Hervas (2022)
concluyen en su investigación que los trabajadores vinculados al GAD municipal de
Ambato, en situación de inestabilidad laboral, también presentaron elevados índices de
afectación psicosocial.
Bósquez et al., (2022) describen que encontrarse contratado bajo la modalidad de
contrato ocasional o nombramiento provisional, no genera la adecuada estabilidad
laboral necesaria ya que ambas modalidades de contrato incluyen una posibilidad de
terminación de servicios, lo cual podría ocasionar la terminación de sus servicios aun
estando su contrato en vigencia. En cualquier momento. Esto significa que el trabajador
está a merced de las acciones de la entidad contratante. Esta puede interrumpir sus
servicios con una sola comunicación, sin tener que exponer justificaciones.
Una vez terminado el contrato, si la empresa considera que son necesarios sus
servicios, puede volver a reactivar la contratación; con el mismo estatus legales y las
mismas dificultades asociadas a la estabilidad laboral. Esta modalidad de contrato tiene
como tiempo máximo de duración un año, prorrogable por un año más en caso de
considerarse necesario (Bósquez et al, 2022). Por esto es que se plantea que la
estabilidad laboral, en el caso de los trabajadores y servidores de la administración
pública, es prácticamente nula. El personal se encuentra a merced de los intereses de
la empresa, depende de la consideración de sus directivos para llegar a culminar su
tiempo de contrato o lograr una renovación de la contratación. En todo momento se
encuentra desprovisto de acciones, leyes u otras disposiciones que lo protejan y
garanticen su estabilidad.
Es necesario referirse a otras situaciones que se pueden derivar de la inestabilidad
laboral dada por la compra de renuncias y terminación de contratos. Una de estas
situaciones es la relacionada con la pérdida de eficacia a la hora de realizar las acciones
y actividades en el propio GAD. Los procesos técnicos y administrativos que se ejecutan
en el GAD requieren adiestramiento, cierto grado de especialización y experiencia. Los
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cambios continuos de personal no garantizan estos elementos; solo hacen que se
vuelvan más demorados los trámites y soluciones lo que empaña la opinión de la
población en cuanto a la satisfacción con la gestión que se realiza en el Gobierno
Autónomo Descentralizado.
Otro elemento importante es el aspecto económico; en no pocas oportunidades,
determinados servidores públicos reciben capacitaciones o especializaciones
relacionadas con su actividad laboral, con la finalidad de aumentar la eficiencia en la
gestión administrativa. Si estos servidores son desvinculados de la entidad (GAD)
entonces se pierde la capacitación realizada y esto suscita una afectación económica,
ya que se invierte en capacitación y formación y no se disfruta del conocimiento
adquirido; lo que también afecta la eficacia de las acciones y la opinión ciudadana sobre
la gestión del GAD.
La inestabilidad laboral que se experimenta en los gobiernos autónomos
descentralizados municipales en proceso de transición afecta no solo la economía
personal y familiar; sino también la macroeconomía del país al desaprovecharse
eventos, capacidades y oportunidades creadas previamente y que se pierden con las
expresiones de inestabilidad e irrespeto laboral previamente señaladas.
4. Discusión
El análisis de los resultados obtenidos permite plantear que, si bien este tipo de
conductas se encuentra respaldado por la ley, es decir, se enmarcan dentro de lo
permitido; los cambios realizados no respondieron a un mejor servicio a la colectividad.
Se verifica la presencia de una correlación directa entre la transición política en los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y el aumento de la percepción de
inestabilidad laboral. Al realizar una comparación de estos descubrimientos con la
literatura analizada, se evidencia que Ecuador sigue una tendencia regional en la que
los gobiernos locales funcionan bajo estructuras de “botín político”, desafiando los
principios de la nueva gestión pública que fomentan la estabilidad y la meritocracia.
Aunque la legislación vigente (LOSEP y COOTAD) asegura teóricamente la estabilidad,
la práctica administrativa a través de nombramientos provisionales genera un “estado
de excepción” permanente para el personal público.
En relación a los contratos ocasionales es importante señalar que la Constitución del
Ecuador establece ¨la obligación a las demás leyes de jerarquía inferior a ella a guardar
concordancias con los preceptos que de esta emanan¨. A partir de esta afirmación se
evidencia que la Constitución establece los derechos laborales como un deber social y
derecho económico. Estos preceptos legales se encuentran contemplados dentro del
régimen de desarrollo establecido en la Constitución de la República del Ecuador.
En este sentido es necesario interpretar dos aspectos epistemológicos diferentes. El
primero de ellos con los conceptos, interpretación y significado de fuerza de trabajo y
mercado de trabajo. La interpretación de estos conceptos implica cambios legislativos
que se orientan hacia una menor protección del trabajador dándoles mayor libertad a
los administrativos y patrones para manejar las relaciones laborales con los
trabajadores. El otro elemento se relaciona directamente con el término protección del
trabajo; que puede ser interpretado como la expresión de una especie de protección a
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los trabajadores como elemento central del nuevo orden laboral imperante (Ediciones
Legales, 2022; Tejedor-Gómez, & Arias-Montero, 2022).
De lo anteriormente mencionado se entiende que la modalidad de contrato ocasional, al
regirse por principios de excepcionalidad, incorpora, a diferencia de las formas
contractuales anteriores, una fecha de finalización, es decir, cuentan con una fecha
definida previamente para la terminación de la actividad laboral y con ello de la
vinculación laboral entre el trabajador o servidos y la empresa que los ha contratado. El
contrato ocasional tiene una estructura e interpretación poco flexible, ya que se debe
regir por los términos y condiciones que se establecen en la ley. No incluye la posibilidad
de nuevas modalidades de contratación ni de la aplicación del principio de causalidad
(Velaña, 2019).
Este tipo de relación contractual es considerada como un fiel ejemplo de inestabilidad
laboral, no garantiza permanencia y no incluye elementos que protejan al trabajador.
Favorece la aparición de acciones que perjudican al trabajador o servidor afectando su
estabilidad laboral; puede ser utilizado para realizar modalidades de contrato
fraudulentas o poco éticas, sin que media ningún tipo de calificación o aptitud. El
contrato ocasional frena el desarrollo laboral y profesional de las personas que son
contratadas bajo este precepto (Quinde & Vega, 2018).
Se debe considerar que, este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera
representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un
nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento por
alguna de las causales establecidas en la presente ley y su reglamento. (República del
Ecuador, 2020).
La inestabilidad laboral ha sido señalada por varios autores como una situación real que
influye en el bienestar psicológico de los trabajadores. En este sentido Hervas (2022)
concluyen en su investigación que los trabajadores vinculados al GAD municipal de
Ambato, en situación de inestabilidad laboral, también presentaron elevados índices de
afectación psicosocial.
Bósquez et al., (2022) describen que encontrarse contratado bajo la modalidad de
contrato ocasional o nombramiento provisional, no genera la adecuada estabilidad
laboral necesaria ya que ambas modalidades de contrato incluyen una posibilidad de
terminación de servicios, lo cual podría ocasionar la terminación de sus servicios aun
estando su contrato en vigencia. En cualquier momento. Esto significa que el trabajador
está a merced de las acciones de la entidad contratante. Esta puede interrumpir sus
servicios con una sola comunicación, sin tener que exponer justificaciones.
Una vez terminado el contrato, si la empresa considera que son necesarios sus
servicios, puede volver a reactivar la contratación; con el mismo estatus legales y las
mismas dificultades asociadas a la estabilidad laboral. Esta modalidad de contrato tiene
como tiempo máximo de duración un año, prorrogable por un año más en caso de
considerarse necesario (Bósquez et al., 2022). Por esto es que se plantea que la
estabilidad laboral, en el caso de los trabajadores y servidores de la administración
pública, es prácticamente nula. El personal se encuentra a merced de los intereses de
la empresa, depende de la consideración de sus directivos para llegar a culminar su
tiempo de contrato o lograr una renovación de la contratación. En todo momento se
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encuentra desprovisto de acciones, leyes u otras disposiciones que lo protejan y
garanticen su estabilidad.
Por último, es necesario referirse a otras situaciones que se pueden derivar de la
inestabilidad laboral dada por la compra de renuncias y terminación de contratos. Una
de estas situaciones es la relacionada con la pérdida de eficacia a la hora de realizar las
acciones y actividades en el propio GAD. Los procesos técnicos y administrativos que
se ejecutan en el GAD requieren adiestramiento, cierto grado de especialización y
experiencia. Los cambios continuos de personal no garantizan estos elementos; solo
hacen que se vuelvan más demorados los trámites y soluciones lo que empaña la
opinión de la población en cuanto a la satisfacción con la gestión que se realiza en el
Gobierno Autónomo Descentralizado.
Otro elemento importante es el aspecto económico; en no pocas oportunidades,
determinados servidores públicos reciben capacitaciones o especializaciones
relacionadas con su actividad laboral, con la finalidad de aumentar la eficiencia en la
gestión administrativa. Si estos servidores son desvinculados de la entidad (GAD)
entonces se pierde la capacitación realizada y esto suscita una afectación económica,
ya que se invierte en capacitación y formación y no se disfruta del conocimiento
adquirido; lo que también afecta la eficacia de las acciones y la opinión ciudadana sobre
la gestión del GAD.
Un aspecto de discusión importante surge al analizar el desempeño institucional.
Coincidiendo con Narváez (2025), la ineficiencia en el ámbito público no es una
característica intrínseca de la burocracia, sino una consecuencia directa de la rotación
arbitraria de talento humano. La pérdida de capital intelectual durante los procesos de
transición no solo incrementa los costos administrativos a través del pago de
indemnizaciones y costos judiciales, sino que también erosiona la confianza ciudadana
en la gestión municipal.
Es imperativo que las reformas jurídicas venideras no se limiten únicamente a la
valoración del servidor, sino que también se enfoquen en la supervisión de las
autoridades designadoras para prevenir la utilización de la estructura estatal como un
mecanismo de compensación política.
La inestabilidad laboral que se experimenta en los gobiernos autónomos
descentralizados municipales en proceso de transición afecta no solo la economía
personal y familiar; sino también la macroeconomía del país al desaprovecharse
eventos, capacidades y oportunidades creadas previamente y que se pierden con las
expresiones de inestabilidad e irrespeto laboral previamente señaladas.
5. Conclusiones
Primero, el estudio evidencia que la estabilidad laboral de los trabajadores y servidores
públicos del GAD del Cantón Colta se debilita de manera significativa durante los
cambios de autoridades municipales, como lo demuestra la desvinculación de 77
personas en el periodo analizado sin justificaciones técnicas claramente identificadas.
Segundo, las modalidades contractuales temporales aplicadas en los GAD propician
escenarios de precarización e incertidumbre laboral, ya que no aseguran continuidad ni
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incorporan mecanismos eficaces de protección para el trabajador, aun cuando su
aplicación se encuentre dentro del marco legal vigente.
Tercero, la alta rotación de personal no contribuye necesariamente a la optimización
institucional; por el contrario, genera pérdida de experiencia técnica, reduce la eficiencia
administrativa y debilita la capacidad operativa del municipio, por lo que la estabilidad
laboral debe asumirse no solo como un derecho individual, sino también como un factor
estratégico para garantizar la calidad y continuidad del servicio público.
Referencias Bibliográficas
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https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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https://www.ces.gob.ec/lotaip/2020/Junio/Literal_a2/C%C3%B3digo%20del%20T
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https://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2020/a2_41.pdf
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Bósquez Remache, J. D., Campaña Muñoz, L. C., & Chica López, L. N. (2022).
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CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.