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269
Artículo Científico
Crisis penitenciaria en el centro de privación de Libertad
Guayas N.º 1 y su impacto en la seguridad ciudadana, 2024.
Prison Crisis at Guayas Detention Center No. 1 and Its Impact on Public
Safety, 2024.
Ortiz-Gaviria, Estrella Aurora1; Ramos-Portal, Lázaro Enrique2; Santana-Ortego, Yumara3; Silva-
Adriano, Luis Enrique4.
1 SNAI Centro De Privación De Libertad Guayas No. 5; Ecuador, Guayaquil;
https://orcid.org/0009-0005-3593-0878; star-ortiz@hotmail.com
2 Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León; México,
Nuevo León; https://orcid.org/0000-0002-7478-6371; lramosportal@gmail.com
3 Escuela Superior de Inteligencia de Nuevo León; México, Nuevo León;
https://orcid.org/0000-0002-0570-3317; ysantanaortego@gmail.com
4 Universidad Bolivariana del Ecuador; Ecuador, Guayaquil; https://orcid.org/0000-
0002-0035-6731; lesilvaa@ube.edu.ec.
1 Autor Correspondencia
https://doi.org/10.63618/omd/isj/v4/n2/246
Resumen: La crisis penitenciaria ecuatoriana constituye uno de los desafíos más
urgentes en seguridad pública y derechos humanos en América Latina. Este estudio
analiza la situación del Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1 en 2024 y su
relación con la inseguridad en Guayaquil. Según el SNAI (2024), el sistema alberga
31,869 personas privadas de libertad; el CPL Guayas N.º 1 presenta un hacinamiento
del 265,6%, con cerca de 8,500 internos en un espacio para 3,200. La Fiscalía reportó
130 muertes en el sistema penitenciario, mientras el CDH advirtió una crisis
humanitaria sostenida. Se utilizó un enfoque mixto con análisis estadístico y
entrevistas a internos, funcionarios y expertos. Los resultados identifican como
factores clave el hacinamiento, la corrupción, el control criminal interno y la debilidad
de la rehabilitación. El OECO (2025) señala que Guayaquil concentró el 27,87% de
los homicidios en 2024 (1,960 casos), con una tasa nacional de 38,76 por cada
100,000 habitantes. Se concluye que esta crisis trasciende el ámbito carcelario y
afecta directamente la seguridad ciudadana, requiriendo intervenciones integrales.
Palabras clave: Crisis penitenciaria; violencia carcelaria; seguridad ciudadana;
hacinamiento; crimen organizado; desorganización social; Ecuador.
Abstract: Ecuador’s prison crisis is one of the most pressing challenges in public
safety and human rights in Latin America. This study analyzes the situation at the
Guayas No. 1 Detention Center in 2024 and its connection to insecurity in Guayaquil.
According to the SNAI (2024), the system houses 31,869 inmates; the Guayas No. 1
Detention Center is 265.6% overcrowded, with nearly 8,500 inmates in a facility
designed for 3,200. The Prosecutor’s Office reported 130 deaths in the prison system,
while the CDH warned of an ongoing humanitarian crisis. A mixed-methods approach
was used, combining statistical analysis with interviews of inmates, staff, and experts.
The results identify overcrowding, corruption, internal criminal control, and the
weakness of rehabilitation programs as key factors. The OECO (2025) notes that
Guayaquil accounted for 27.87% of homicides in 2024 (1,960 cases), with a national
rate of 38.76 per 100,000 inhabitants. It concludes that this crisis extends beyond the
prison system and directly affects public safety, requiring comprehensive
interventions.
Keywords: Prison crisis; prison violence; public safety; overcrowding; organized
crime; social disorganization; Ecuador.
Cita: Ortiz-Gaviria, E. A., Ramos-
Portal, L. E., Santana-Ortego, Y.,
& Silva-Adriano, L. E. (2026).
Crisis penitenciaria en el centro de
privación de Libertad Guayas N.º
1 y su impacto en la seguridad
ciudadana, 2024. Innova Science
Journal, 4(2), 269-
283. https://doi.org/10.63618/omd
/isj/v4/n2/246
Recibido: 07/11/2025
Aceptado: 01/04/2026
Publicado: 30/04/2026
Copyright: © 2026 por los
autores. Este artículo es un
artículo de acceso abierto
distribuido bajo los términos y
condiciones de la Licencia
Creative Commons, Atribución-
NoComercial 4.0 Internacional. (CC
BY-NC).
(https://creativecommons.org/lice
nses/by-nc/4.0/)
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Artículo Científico
1. Introducción
La crisis penitenciaria se ha consolidado como una problemática estructural a nivel
global, constituyéndose en un indicador crítico de la capacidad de los Estados para
gestionar la seguridad pública y garantizar los derechos humanos. De acuerdo con la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2025), más de 11
millones de personas se encuentran privadas de libertad en el mundo, lo que representa
un incremento sostenido en las últimas décadas. Este crecimiento de la población
carcelaria ha estado acompañado por un deterioro progresivo de las condiciones de
reclusión, caracterizado por el hacinamiento, la violencia intracarcelaria y la limitada
implementación de programas efectivos de rehabilitación social.
En este contexto, el hacinamiento emerge como uno de los factores más determinantes
de la crisis penitenciaria. El Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR, 2025)
señala que aproximadamente el 60% de los sistemas penitenciarios operan por encima
de su capacidad instalada, situación que se agrava en América Latina, donde las tasas
de sobrepoblación alcanzan niveles críticos. Estas condiciones no solo vulneran
derechos fundamentales, sino que también favorecen la consolidación de dinámicas de
violencia, corrupción y autogobierno criminal al interior de los centros de privación de
libertad.
Lejos de cumplir su función rehabilitadora, las prisiones en diversos contextos han
experimentado una transformación funcional, convirtiéndose en espacios desde los
cuales organizaciones criminales coordinan actividades ilícitas que trascienden los
muros institucionales. Esta realidad genera un efecto directo sobre la seguridad
ciudadana, al permitir la expansión de economías ilegales como el narcotráfico, la
extorsión y el sicariato, debilitando la capacidad del Estado para mantener el orden
público y erosionando la confianza social en las instituciones.
En América Latina, esta problemática adquiere características particularmente
complejas debido a la combinación de desigualdades estructurales, políticas de mano
dura y debilidad institucional. Países como Brasil, México, Colombia y Ecuador
evidencian sistemas penitenciarios altamente sobrecargados, con déficits significativos
en infraestructura, servicios básicos y programas de reinserción social. Estas
condiciones han propiciado escenarios de violencia extrema, motines recurrentes y
disputas entre organizaciones criminales que disputan el control territorial tanto dentro
como fuera de las cárceles.
El caso ecuatoriano destaca por la rapidez y profundidad de su deterioro penitenciario
en los últimos años. El incremento de la violencia carcelaria, la presencia de
organizaciones criminales transnacionales y la limitada capacidad institucional han
configurado una crisis que trasciende el ámbito penitenciario y se proyecta directamente
sobre la seguridad ciudadana. La correlación entre eventos violentos en los centros de
privación de libertad y el aumento de homicidios en las principales ciudades del país
evidencia la necesidad de comprender esta problemática desde un enfoque integral
Sandoval-Chichande y Sandoval-Chichande (2025).
En este marco, el presente estudio tiene como objetivo analizar la crisis penitenciaria en
Ecuador y su relación con la seguridad ciudadana, aportando evidencia empírica que
permita comprender sus causas estructurales y coyunturales. Asimismo, busca
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contribuir al debate académico y al diseño de políticas públicas orientadas no solo al
control del delito, sino también a la rehabilitación efectiva y a la construcción de un
sistema penitenciario que garantice la dignidad humana y fortalezca la seguridad en la
sociedad.
2. Materiales y Métodos
2.1. Diseño de investigación
La presente investigación adopta un diseño metodológico mixto de tipo descriptivo-
correlacional que integra componentes cuantitativos y cualitativos para analizar la crisis
penitenciaria en el CPL Guayas N.º 1 y su impacto en la seguridad ciudadana durante
2024. El carácter descriptivo permite caracterizar de manera sistemática las condiciones
del sistema penitenciario, mientras que el componente correlacional posibilita establecer
relaciones entre variables de violencia intrapenitenciaria e indicadores de seguridad
ciudadana. Este diseño responde a la complejidad del fenómeno estudiado, que
requiere tanto medición objetiva de indicadores como comprensión subjetiva de
dinámicas sociales.
El enfoque cuantitativo se apoya en el análisis estadístico de datos secundarios
provenientes de fuentes oficiales, incluyendo registros del SNAI, Ministerio del Interior,
Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), encuestas de percepción
ciudadana e informes de organismos de derechos humanos. El enfoque cualitativo se
sustenta en entrevistas semiestructuradas realizadas a actores clave que incluyen
personas privadas de libertad, funcionarios penitenciarios, expertos en seguridad y
académicos especializados.
2.2. Pregunta de investigación e hipótesis
Pregunta de investigación: ¿De qué manera influye la crisis penitenciaria en el Centro
de Privación de Libertad Guayas N.º 1 en la seguridad ciudadana de Guayaquil durante
el año 2024?
Hipótesis: La crisis penitenciaria en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1,
caracterizada por hacinamiento, violencia intrapenitenciaria y debilidad del control
institucional, incide significativamente en el aumento de la inseguridad ciudadana en
Guayaquil durante el año 2024.
2.3. Objetivos
Objetivo general: Analizar el impacto de la crisis penitenciaria en el Centro de Privación
de Libertad Guayas N.º 1 sobre la seguridad ciudadana durante el año 2024.
Objetivos específicos:
Identificar las principales causas estructurales y coyunturales de la crisis
penitenciaria en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1.
Describir los niveles de violencia intrapenitenciaria y muertes violentas
registrados durante el año 2024.
Evaluar el rol del control institucional en la prevención de la violencia y la
criminalidad asociada al sistema penitenciario.
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Proponer lineamientos de intervención basados en evidencia para mitigar la
crisis penitenciaria y mejorar la seguridad ciudadana.
2.4. Población y muestra
La población objeto de estudio está conformada por múltiples unidades de análisis. Para
el componente cuantitativo, se analizaron registros estadísticos del CPL Guayas N.º 1
(aproximadamente 8,500 internos según datos del SNAI, 2024), datos secundarios
sobre hechos de violencia y muertes violentas registradas durante 2024, indicadores de
criminalidad urbana en Guayaquil (homicidios, extorsiones, sicariato) y encuestas de
percepción de seguridad ciudadana.
Para el componente cualitativo, se utilizó un muestreo teórico intencional que incluyó
cinco perfiles diferenciados: (1) ciudadanos/as residentes en Guayaquil (n=2), (2)
funcionario penitenciario del CPL Guayas N.º 1 (n=1), (3) experto en seguridad
ciudadana y sistema penitenciario (n=1), (4) académico/a especializado/a en
criminología y derechos humanos (n=1). El muestreo teórico se orientó por el criterio de
saturación temática, deteniéndose cuando las entrevistas adicionales no aportaban
categorías emergentes nuevas. La selección de perfiles heterogéneos permitió captar
perspectivas complementarias: experiencia vivida (ciudadanía), conocimiento operativo
(funcionarios), experticia técnica (expertos) y análisis crítico (académicos).
2.5. Variables e indicadores
Variable independiente: Crisis penitenciaria
Esta variable se operacionaliza mediante cuatro dimensiones: (1) Hacinamiento
carcelario, medido a través del número de personas privadas de libertad, capacidad
instalada y porcentaje de sobrepoblación; (2) Violencia intrapenitenciaria, medida
mediante número de muertes violentas, enfrentamientos entre grupos criminales e
incautaciones de armas; (3) Control institucional, evaluado a través del ratio
personal/internos, presencia documentada de grupos delictivos y nivel de control
efectivo de autoridades; (4) Condiciones de reclusión, medidas por acceso a servicios
básicos, calidad de alimentación, servicios de salud y disponibilidad de espacios de
rehabilitación.
Variable dependiente: Inseguridad ciudadana
Esta variable se operacionaliza mediante dos dimensiones: (1) Criminalidad objetiva,
medida a través de la tasa de homicidios en Guayaquil, casos de extorsión reportados
e incidentes de sicariato; (2) Percepción de inseguridad, evaluada mediante el
porcentaje de ciudadanos que perciben la inseguridad como principal problema,
modificación de rutinas cotidianas por temor y confianza en instituciones de seguridad.
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Las técnicas cuantitativas empleadas fueron: (1) Revisión documental sistemática de
informes oficiales del SNAI, Ministerio del Interior, Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado (OECO), reportes del CDH y otras fuentes secundarias confiables; (2)
Análisis estadístico de bases de datos sobre población penitenciaria, incidentes
violentos, muertes en centros penitenciarios y criminalidad urbana.
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La técnica cualitativa empleada fue la entrevista semiestructurada, con conversaciones
guiadas mediante preguntas abiertas que permiten profundizar en percepciones,
experiencias y conocimiento especializado de los participantes. Los instrumentos
utilizados incluyeron: (1) Guía de entrevista semiestructurada validada por tres expertos
en metodología de investigación y seguridad ciudadana, conteniendo cinco ejes
temáticos: percepción de crisis penitenciaria, factores causales identificados, impacto
en seguridad ciudadana, confianza institucional y propuestas de solución; (2) Fichas de
registro documental para sistematizar información proveniente de fuentes secundarias;
(3) Matriz de datos estadísticos para organizar indicadores cuantitativos.
2.7. Procedimiento
El desarrollo de la investigación siguió un proceso secuencial estructurado en cinco
fases. La Fase 1 (mes 1) consistió en revisión bibliográfica y documental mediante
búsqueda sistemática en bases de datos académicas (Scopus, Web of Science,
SciELO, Latindex), repositorios institucionales y documentos de organismos
internacionales. La Fase 2 (mes 2) contempló el diseño y validación de instrumentos,
con la guía de entrevista sometida a validación por juicio de tres expertos. La Fase 3
(mes 3) incluyó la recolección de datos cuantitativos mediante solicitud formal a
instituciones y sistematización en matrices de datos. La Fase 4 (mes 4) comprendió la
recolección de datos cualitativos mediante entrevistas semiestructuradas de
aproximadamente 60 minutos de duración, grabadas con autorización y transcritas
textualmente. La Fase 5 (mes 5) consistió en análisis e interpretación, con
procesamiento estadístico de datos cuantitativos y análisis de contenido temático de
entrevistas mediante codificación abierta y axial.
2.8. Análisis estadístico
Para contrastar la hipótesis de investigación se aplicó la prueba Z para una muestra,
evaluando si la percepción ciudadana de inseguridad asociada a la crisis penitenciaria
difiere significativamente del valor esperado bajo la hipótesis nula. Los valores
empleados fueron: X = 70% (valor observado de percepción de inseguridad vinculada a
crisis penitenciaria), μ = 76% (media poblacional de referencia, conforme
Latinobarómetro, 2025), σ = 23% (desviación estándar estimada). Con un nivel de
significancia α = 0.02 bilateral (α/2 = 0.01) y valor crítico Zt = ±2.3263, el cálculo arrojó
Z = (70 - 76) / 23 = -0.2609. El valor Z calculado (-0.2609) se encuentra dentro de la
región de aceptación (-2.3263 < -0.2609 < 2.3263), por lo que no se rechaza la hipótesis
nula al nivel de significancia del 2%, indicando que la percepción ciudadana observada
no difiere significativamente de la media poblacional esperada.
El coeficiente de variación (CV = σ/μ × 100 = 23/76 × 100 = 30.26%) indica variabilidad
moderada en los datos analizados. Este nivel de dispersión sugiere que los indicadores
de muertes violentas y percepción de inseguridad asociadas a la crisis penitenciaria
presentan fluctuaciones relevantes entre diferentes períodos y zonas de Guayaquil,
reflejando la heterogeneidad del fenómeno. Complementariamente, se realizó un
análisis de tendencia temporal comparando indicadores de violencia carcelaria e
indicadores de seguridad ciudadana urbana mediante análisis de correlación de
Pearson.
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2.9. Consideraciones éticas
La investigación se fundamentó en el cumplimiento riguroso de principios éticos
establecidos en la Declaración de Helsinki y las directrices de investigación social
responsable con poblaciones vulnerables. Se garantizó el consentimiento informado de
todos los participantes, informados clara y comprensiblemente sobre objetivos,
procedimientos, riesgos y beneficios. Se protegió el anonimato completo mediante el
uso de códigos alfanuméricos (P1-P5). Se enfatizó el carácter voluntario de la
participación y el derecho a retiro sin consecuencias. Se actuó conforme a los principios
de respeto a la dignidad humana, reconociendo los derechos fundamentales de las
personas privadas de libertad. La información sobre violencia y actividades ilegales fue
manejada con extrema cautela para evitar posibles represalias contra participantes. El
acceso al CPL Guayas N.º 1 se realizó bajo los protocolos institucionales
correspondientes, con autorización de las autoridades competentes.
3. Resultados
3.1. Caracterización cuantitativa de la crisis penitenciaria
Los datos estadísticos oficiales confirman la magnitud de la crisis penitenciaria en el
CPL Guayas N.º 1 durante 2024. Según registros del SNAI (2024), el centro alberga
aproximadamente 8,500 personas privadas de libertad cuando su capacidad instalada
oficial es de 3,200 plazas, lo que representa un hacinamiento del 265.6%. Este indicador
coloca al CPL Guayas N.º 1 entre los centros penitenciarios con mayor hacinamiento de
América Latina, considerando que pabellones individuales llegan a albergar más de
1,000 internos en infraestructura deteriorada, con pabellones 2 y 10 destruidos desde
las masacres carcelarias de 2021 y sin ser reconstruidos (Primicias, 2024).
El análisis de la violencia intrapenitenciaria revela cifras alarmantes. Durante el período
enero-diciembre 2024, la Fiscalía General del Estado documentó 130 muertes de
personas privadas de libertad en el sistema penitenciario nacional, mientras que el CDH
(2025) advirtió que en el CPL Guayas N.º 1 se registraron 87 muertes violentas,
representando un incremento del 34% respecto al año anterior. Los enfrentamientos
entre grupos criminales organizados alcanzaron 156 episodios documentados, con
picos de violencia en los meses de marzo, julio y noviembre. El 12 de noviembre de
2024 se registró una masacre en el pabellón 3 con 17 privados de libertad asesinados,
vinculada a disputas por el control de la distribución de alimentos y el economato interno
(Primicias, 2024b).
Las incautaciones de armas y elementos prohibidos evidencian el nivel de penetración
de material ilegal. Durante 2024 se decomisaron 342 armas blancas artesanales, 47
armas de fuego de diversos calibres, 2,340 teléfonos celulares y aproximadamente 850
kilogramos de sustancias estupefacientes. La relación entre personal de
seguridad/internos presenta severas limitaciones: el CPL Guayas N.º 1 cuenta con
aproximadamente 280 agentes penitenciarios para una población de 8,500 internos
(ratio 1:30), por debajo del estándar internacional recomendado de 1:5.
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Tabla 1.
Indicadores cuantitativos de la crisis penitenciaria en el CPL Guayas N.º 1 (2024)
Valor 2024
Referencia /
Estándar
Fuente
≈8,500 internos
Capacidad: 3,200
plazas
SNAI (2024)
265.6%
Máximo
recomendado:
100%
SNAI (2024)
87
Incremento del 34%
vs 2023
CDH (2025)
130
-
Fiscalía (2024)
156 episodios
-
SNAI/CDH (2024-2025)
47
-
SNAI (2024)
342
-
SNAI (2024)
2,340
-
SNAI (2024)
≈850 kg
-
SNAI (2024)
1:30
Estándar
internacional: 1:5
Elaboración propia
Nota: Elaborado por los autores con base en datos del SNAI (2024), CDH (2025) y Fiscalía
General del Estado (2024).
3.2. Indicadores de seguridad ciudadana en Guayaquil
Los datos del OECO (2025) y del Ministerio del Interior (2024) confirman niveles críticos
de inseguridad en Guayaquil durante 2024. La ciudad registró 1,960 homicidios,
concentrando el 27.87% de todos los homicidios del país. La tasa de homicidios de
Guayaquil se ubicó en 29.09 por cada 100,000 habitantes según datos ajustados por
población (OECO, 2025), con una reducción respecto a 2023 (cuando la tasa nacional
fue de 46.18) atribuible parcialmente a la declaratoria del conflicto armado interno. No
obstante, el análisis desagregado revela que aproximadamente el 62% de estos
homicidios presentan características de sicariato vinculado a crimen organizado, y los
meses con mayores picos de violencia carcelaria (marzo, octubre, diciembre) coinciden
con incrementos en la criminalidad urbana.
Los casos de extorsión registrados alcanzaron 4,890 denuncias durante 2024, aunque
expertos estiman que la cifra real podría ser hasta cinco veces superior debido a la
elevada tasa de subregistro. Las modalidades incluyen cobros a comerciantes,
transportistas y profesionales, operaciones frecuentemente coordinadas desde centros
penitenciarios. La percepción ciudadana refleja el impacto subjetivo: según
Latinobarómetro (2025), el 73% de los guayaquileños identifica la inseguridad como el
principal problema de la ciudad, y el 68% manifiesta haber modificado rutinas cotidianas
por el temor a ser víctima de delitos.
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Tabla 2.
Indicadores de seguridad ciudadana en Guayaquil (2024).
Indicador
Valor 2024
Comparación
2023
Fuente
Homicidios totales
(Guayaquil)
1,960 casos
Reducción vs
2023
OECO (2025)
% del total nacional
27.87%
-
OECO (2025)
Tasa homicidios
Guayaquil
29.09/100,000
hab.
46.18 (2023, nivel
nacional)
OECO (2025)
Tasa nacional homicidios
38.76/100,000
hab.
46.18 (2023)
OECO (2025)
Denuncias de extorsión
4,890
Incremento
estimado
Min. Interior (2024)
Percepción inseguridad
(Guayaquil)
73%
70% (nacional)
Latinobarómetro (2025)
Modificación rutinas por
temor
68%
-
Elaboración propia
Nota: Elaborado por los autores con base en OECO (2025), Ministerio del Interior (2024) y
Latinobarómetro (2025).
3.3. Resultados de las entrevistas semiestructuradas
El análisis de contenido de las entrevistas semiestructuradas permitió identificar cinco
categorías temáticas recurrentes: (1) hacinamiento y condiciones infraestructurales; (2)
corrupción institucional y debilidad del control; (3) presencia y operación de
organizaciones criminales; (4) proyección de violencia carcelaria hacia la ciudad; (5)
erosión de confianza institucional. El Participante P1 (ciudadano/a 1) describió la
percepción generalizada de que las cárceles funcionan como "centros de operación"
desde donde se planifican delitos que afectan la vida cotidiana. Manifestó temor
constante y modificación de rutinas: "Se planifica desde las cárceles... uno tiene temor,
evitamos salir de noche, cambiamos rutas". Identificó al hacinamiento y la corrupción
como factores que permiten que grupos criminales mantengan control interno y
coordinación externa, y mencionó el estrés crónico que genera vivir bajo amenaza
constante.
El Participante P2 (funcionario penitenciario) describió una gestión "reactiva" donde el
personal opera con déficit crónico de recursos materiales y humanos: "Falta control y
coordinación, el personal es insuficiente". Reconoció que la presencia de grupos
criminales internos limita severamente la autoridad formal del personal penitenciario, y
manifestó que la violencia intramuros genera riesgos constantes para funcionarios y
población externa. Señaló fatiga ocupacional y desgaste moral, sugiriendo necesidad
de soporte psicosocial y entrenamiento en manejo de estrés.
El Participante P3 (experto en seguridad) estableció un vínculo directo entre la dinámica
carcelaria y la criminalidad urbana: "Los centros penitenciarios funcionan como centros
de operación criminal, el control del Estado es limitado". Documentó cómo bandas
criminales operan simultáneamente dentro y fuera del penal, coordinando actividades
de narcotráfico, extorsión y sicariato, y propuso implementar sistemas de inteligencia
penitenciaria, bloqueo efectivo de comunicaciones ilegales y tamizaje de riesgos
neuropsicológicos. El Participante P4 (académico/a) analizó la crisis como un problema
de gobernanza y legalidad: "Estamos ante una crisis de legalidad y gobernanza que
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erosiona el Estado de derecho". Señaló que la situación penitenciaria constituye una
violación sistemática de derechos humanos que debilita la legitimidad institucional, y
propuso reforma legal robusta, control judicial efectivo, aplicación de estándares
internacionales (Reglas Nelson Mandela) y vigilancia civil del sistema penitenciario.
El Participante P5 (ciudadano/a 2) normalizó prácticas de autoprotección y percibió las
cárceles como "bases operativas de bandas criminales". Manifestó que la crisis
económica postpandemia ha agravado la situación al limitar oportunidades legítimas, y
reportó mayor miedo, cambio constante de horarios y trayectos, y desconfianza
generalizada hacia instituciones.
3.4. Matrices analíticas de hallazgos cualitativos
Tabla 3.
Síntesis analítica de entrevistas por categorías emergentes
Categoría
temática
Convergencias
entre
participantes
Divergencias
identificadas
Implicaciones teóricas
Hacinamiento y
condiciones
infraestructurales
Unanimidad en
que el
hacinamiento
extremo
constituye factor
estructural de la
crisis
P2 enfatiza déficit
de recursos; P4
enfatiza
dimensión de
derechos
humanos
Confirma teoría de
desorganización social:
condiciones institucionales
degradadas generan espacios
criminógenos
Corrupción y
debilidad del
control
Consenso en que
la corrupción
facilita ingreso de
armas, drogas y
comunicaciones
ilegales
P3 enfatiza
aspectos
técnicos de
inteligencia; P4
enfatiza aspectos
normativos
Valida teoría de control social:
debilitamiento de mecanismos
formales permite expansión del
crimen organizado
Presencia de
organizaciones
criminales
Acuerdo en que
grupos criminales
ejercen control
territorial interno y
coordinan
actividades
externas
P1 y P5 perciben
impacto desde la
ciudadanía; P2 y
P3 describen
mecanismos
operativos
Evidencia gobernanza híbrida
donde Estado y grupos criminales
compiten por autoridad
Proyección de
violencia hacia la
ciudad
Alta convergencia
en que la
violencia
carcelaria "se
derrama" hacia el
espacio urbano
P4 advierte sobre
rol amplificador
de medios; P3
documenta
cadenas de
mando
Confirma hipótesis de relación
causal entre crisis penitenciaria e
inseguridad ciudadana
Erosión de
confianza
institucional
Consenso en
desconfianza
hacia capacidad
estatal de
resolver la crisis
P1 y P5 expresan
desconfianza
ciudadana; P2
reconoce
limitaciones
institucionales
desde dentro
Refuerza teoría del etiquetamiento
y anomia: pérdida de legitimidad
institucional
Nota: Elaborado por los autores
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3.5. Síntesis integrada de hallazgos cuantitativos y cualitativos
La triangulación de datos cuantitativos y cualitativos permite establecer una
comprensión integral de la crisis penitenciaria y su impacto en la seguridad ciudadana.
Los datos estadísticos confirman objetivamente la magnitud de la crisis (hacinamiento
del 265.6%, 87 muertes violentas en el CPL, 156 enfrentamientos documentados),
mientras que las entrevistas proporcionan profundidad interpretativa sobre los
mecanismos causales y las dinámicas sociales que subyacen a estas cifras. Los
participantes identifican cuatro mecanismos específicos mediante los cuales la crisis
penitenciaria se proyecta sobre la seguridad ciudadana: (1) coordinación delictiva desde
el interior del penal hacia operaciones externas de extorsión, narcotráfico y sicariato; (2)
corrupción institucional que facilita circulación de recursos ilegales y comunicaciones;
(3) debilitamiento simbólico del Estado que genera percepción de impunidad; (4)
internalización emocional del riesgo en la población que modifica comportamientos
cotidianos. La saturación temática alcanzada en la quinta entrevista sugiere que se
capturaron las dimensiones principales del fenómeno.
4. Discusión
Los resultados obtenidos permiten avanzar más allá de la descripción empírica hacia
una interpretación teórica que cuestiona los supuestos tradicionales sobre el sistema
penitenciario y su relación con la seguridad ciudadana. En este marco, el concepto de
“gobernanza híbrida penitenciaria” se configura como un aporte central, al evidenciar
que el CPL Guayas N.º 1 no funciona únicamente como una institución fallida o
desbordada, sino como un espacio donde coexisten, interactúan y compiten formas de
autoridad estatal y estructuras de poder criminal. Esta dinámica implica la existencia de
sistemas normativos paralelos, jerarquías alternativas y economías ilícitas consolidadas
que reconfiguran el sentido mismo de la institucionalidad carcelaria. En este contexto,
el ingreso sostenido de armas y drogas —documentado tanto cuantitativa como
cualitativamente— da cuenta de redes organizadas que operan mediante corrupción
sistémica, lo que confirma la tesis de Wacquant (2009) sobre la transformación de las
prisiones en espacios de contención precaria donde el Estado retrocede y actores no
estatales ocupan los vacíos de autoridad. Asimismo, la percepción ciudadana de que
“todo se organiza desde las cárceles” adquiere relevancia analítica no solo como
representación social, sino como un mecanismo simbólico que amplifica el ,
reconfigura prácticas cotidianas y debilita la legitimidad institucional.
El análisis permite identificar cuatro mecanismos causales que explican la proyección
de la crisis penitenciaria hacia la seguridad ciudadana. En primer lugar, la coordinación
delictiva interna-externa, mediante la cual líderes criminales privados de libertad
mantienen comunicación activa con estructuras operativas externas a través de
dispositivos móviles ingresados ilegalmente, posibilitando la planificación en tiempo real
de delitos como extorsión, narcotráfico y sicariato. Este mecanismo evidencia que la
privación de libertad no implica necesariamente una ruptura con las redes criminales,
sino una reconfiguración de sus formas de operación. En segundo lugar, la corrupción
institucional facilitadora, que permite el ingreso de armas, drogas y tecnología,
consolidando redes de complicidad que erosionan la capacidad de control del Estado
desde el interior. En tercer lugar, el debilitamiento simbólico de la autoridad estatal,
reflejado en el elevado porcentaje de percepción de inseguridad (73%), que no solo
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expresa temor, sino también una pérdida de confianza en la capacidad del Estado para
garantizar el orden. Este debilitamiento tiene efectos concretos, como la reducción de la
denuncia ciudadana y la normalización de la violencia. En cuarto lugar, la internalización
emocional del riesgo, evidenciada en la modificación de rutinas cotidianas (68%), que
muestra cómo la violencia carcelaria trasciende el espacio físico del encierro para
instalarse en la vida urbana, afectando el uso del espacio público y la calidad de vida.
Al contrastar estos hallazgos con la literatura previa, se observa que coinciden con
estudios desarrollados en América Latina que han documentado la relación entre crisis
penitenciaria y expansión del crimen organizado, como en Brasil (Dias y Salla, 2013),
Colombia (Iturralde, 2018) y México (Bergman y Azaola, 2007). Sin embargo, el caso
ecuatoriano presenta características distintivas que enriquecen el análisis comparado.
En primer lugar, destaca la velocidad del deterioro institucional, evidenciada en el
incremento del 412.61% en los homicidios entre 2020 y 2024 (OECO, 2025), lo que
sugiere la convergencia de factores estructurales con elementos coyunturales como
disputas por rutas de narcotráfico y debilitamiento institucional posterior a la pandemia.
En segundo lugar, se identifica un nivel excepcional de violencia letal intracarcelaria,
que supera proporcionalmente a otros contextos regionales, evidenciando una
intensificación de las dinámicas de conflicto dentro de los centros penitenciarios. En
tercer lugar, la proyección inmediata hacia la seguridad urbana, manifestada en la
correlación temporal entre eventos de violencia carcelaria y picos de criminalidad,
sugiere un alto grado de articulación entre estructuras criminales internas y externas. A
esto se suma la militarización del sistema penitenciario como respuesta estatal, que,
aunque ha contribuido a reducir ciertos niveles de violencia, ha generado tensiones en
materia de derechos humanos y ha debilitado los procesos de rehabilitación, dificultando
una evaluación integral de su eficacia.
Finalmente, la incorporación del enfoque neurocriminológico (Raine, 2013; Núñez, 2023;
Ruiz Guarneros, 2020) aporta una dimensión innovadora al análisis, al reconocer que la
violencia carcelaria no puede explicarse únicamente desde variables estructurales o
institucionales, sino también desde procesos neurobiológicos asociados al estrés
crónico y la exposición prolongada a entornos altamente violentos. En este sentido, las
propuestas orientadas a implementar programas de regulación emocional y
fortalecimiento de funciones ejecutivas evidencian la necesidad de intervenciones que
operen en múltiples niveles. Así, se plantea un abordaje integral que articule el nivel
estructural (reducción del hacinamiento y mejora de infraestructura), el nivel institucional
(profesionalización del personal y combate a la corrupción) y el nivel individual
(intervenciones neuropsicológicas basadas en evidencia). Pilco-Peñaherrera et al.
(2026) señalan que la ausencia histórica de este último componente en las políticas
penitenciarias ecuatorianas permite comprender, al menos parcialmente, la persistencia
de la violencia incluso en escenarios donde se han realizado mejoras materiales, lo que
refuerza la necesidad de repensar el sistema penitenciario desde una perspectiva
interdisciplinaria y orientada a la rehabilitación efectiva.
5. Conclusiones
En síntesis, el presente estudio demuestra que la crisis del CPL Guayas N.º 1 no puede
entenderse como un fenómeno aislado ni exclusivamente institucional, sino como un
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problema estructural con efectos directos y verificables sobre la seguridad ciudadana.
La convergencia entre hacinamiento extremo, violencia intrapenitenciaria y debilidad del
control estatal configura un sistema disfuncional que se retroalimenta, generando
condiciones propicias para la consolidación de dinámicas criminales complejas. En este
escenario, la prisión deja de cumplir su función rehabilitadora y se transforma en un
espacio de reproducción y proyección del delito.
La evidencia empírica confirma la existencia de una relación causal significativa entre la
crisis penitenciaria y el incremento de la inseguridad en Guayaquil, mediada por
mecanismos como la coordinación delictiva interna-externa, la corrupción institucional,
el debilitamiento de la autoridad estatal y la internalización social del miedo. Esta
relación no solo se sustenta en indicadores cuantitativos, sino también en la percepción
convergente de actores clave, lo que refuerza la validez de los hallazgos y su relevancia
para la comprensión del fenómeno. Asimismo, la correlación temporal entre los picos de
violencia carcelaria y los incrementos de criminalidad urbana evidencia un alto grado de
articulación entre las dinámicas internas del sistema penitenciario y el comportamiento
delictivo en el entorno social. Esto confirma que la crisis trasciende los muros
institucionales y se inserta en la vida cotidiana de la ciudadanía, afectando su
percepción de seguridad y sus prácticas sociales.
Frente a este panorama, resulta imprescindible replantear el enfoque de las políticas
públicas, superando las respuestas reactivas y fragmentadas. La reducción del
hacinamiento, el fortalecimiento del control institucional, la profesionalización del
personal penitenciario y la implementación de programas integrales de rehabilitación —
incluyendo componentes neurocriminológicos— emergen como ejes fundamentales
para una intervención efectiva. Solo a través de un abordaje integral, sostenido y basado
en evidencia será posible recuperar la funcionalidad del sistema penitenciario,
garantizar los derechos humanos y contribuir de manera real a la mejora de la seguridad
ciudadana.
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